El Gobierno dispuso mantener bajo secreto militar una nueva compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas, mediante el Decreto 1205/2026 publicado en el Boletín Oficial. La norma, firmada por Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti, impide conocer el tipo de material, su costo, el proveedor y la fuerza que lo recibirá.

La decisión se conoció en medio de la tensión diplomática con el Reino Unido por Malvinas. En las últimas semanas, el Ejecutivo anunció sanciones contra empresas petroleras que operan en las islas sin autorización argentina, impulsó denuncias penales y avanzó con gestiones ante Naciones Unidas para frenar el proyecto de extracción de crudo Sea Lion. También ordenó construir una base naval en Tierra del Fuego.
El decreto se apoya en las leyes de Defensa Nacional y de reestructuración de las Fuerzas Armadas, además de una normativa que permite clasificar como secreto militar las adquisiciones consideradas estratégicas. Con esa reserva, los organismos involucrados quedan exceptuados de las exigencias habituales de publicidad de las contrataciones estatales.
La medida se suma a otros decretos similares dictados durante la gestión de Milei, varios vinculados con la incorporación de los aviones de combate F-16 comprados a Dinamarca. Sin embargo, el nuevo expediente no menciona esas aeronaves ni identifica a la Fuerza Aérea como destinataria. La instrumentación quedó a cargo de la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa.
El anuncio se inscribe en un plan de modernización militar que incluye la adquisición de cazas F-16, blindados Stryker y helicópteros Black Hawk. Según un relevamiento de la Unidad de Datos de Infobae, entre diciembre de 2023 y agosto de 2026 el Estado destinó más de USD 445 millones a armamento y equipamiento militar y de seguridad.
Además, el proyecto de Presupuesto 2027 contempla autorizaciones de deuda para comprar tres submarinos convencionales y dos fragatas multimisión. Las operaciones todavía dependen de la aprobación legislativa y de las condiciones de financiamiento que se acuerden con los proveedores.